Nos aprestamos a conmemorar el vigesimosexto
aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika.
Aunque desvirtuada en la actualidad por las
vicisitudes políticas que lo rodean, lo cierto es que
hasta no hace mucho el 25 de octubre quedaba marcado
en el calendario vasco como una fecha histórica en el
devenir de Euskadi. Y no era para menos, ya que en
aquella otoñal jornada de 1979 una amplia mayoría de
esta sociedad manifestaba en las urnas su determinada
apuesta por el establecimiento de un nuevo marco que
contemplara e hiciera efectivo cómo deseaban los
vascos regirse política, jurídica y económicamente,
cómo gestionar las competencias pactadas y
consensuadas con la administración central, cómo
relacionarse, administrativamente hablando, con sus
semejantes, y qué pasos deberían de adoptarse llegado
el caso en el que el texto dejara de satisfacer las
exigencias para las que en un primer momento fue
concebido.
Aquel día, un abrumador 90% de la ciudadanía vasca
habló bien claro y bien alto, y no menos diáfano
comunicó al Estado español su decisión de que, a
partir de ese mismo instante, Euskadi se decantaba de
manera definitiva e irrefrenable por la autonomía
plena y el autogobierno, por la autogestión y la
autofinanciación. El Estatuto emanado de aquel célebre
referéndum, que la derecha quiso impedir con su
boicot, con el dedo acusador de Fraga y los
controvertidos escritos de opinión de su todavía novel
delfín José María Aznar, representaba para los vascos
la expresión de su estructuración como Pueblo
diferenciado, la norma institucional básica en torno a
la que debía pivotar su existencia, sobre la que regir
su destino, la herramienta de progreso con la que
mirar hacia el futuro sin renunciar a los derechos
históricos que caracterizan la esencia y la
configuración de Euskal Herria como nación.
Cumpliendo con cada uno de los preceptos contemplados
en el artículo 151 de la Constitución española, el
articulado fue posteriormente sancionado y promulgado
por las Cortes Generales, trámite con el que, además
de ponerse fin al proceso embrionario y de gestación,
se investía al Estatuto de Gernika con la pátina de
Ley Orgánica, rango normativo absoluto, del que
también disfruta la Carta Magna, que exige máximo
respeto y terminante acatamiento.
Los provechosos cambios que se aventuraban con su
aplicación no se hicieron esperar, y pronto esta
sociedad comenzó a beneficiarse de los frutos emanados
de la autogestión de aquellas competencias que el
Estado, primero en bloque y más tarde con cuentagotas,
transfería a un cada vez más autónomo Ejecutivo vasco.
Sin embargo, las alarmas no tardaron en saltar en
Madrid al constatar cómo en escaso tiempo, tan sólo
con el buen hacer de sus instituciones y el compromiso
de su ciudadanía, Euskadi había alcanzado, e incluso
corría el riesgo de rebasar, a tenor de la trayectoria
mantenida hasta entonces, los niveles de riqueza y de
bienestar que venía disfrutando la sociedad española.
La batalla contra el Estatuto de Gernika estaba
servida. Lo que para el Pueblo vasco suponía un
derecho inalienable que redundaba de manera directa en
su calidad de vida, para otros constituía una cesión
equívoca de los recursos del Estado a una comunidad
autónoma que insistentemente reclamaba lo que por ley
le correspondía, la totalidad de las transferencias
convenidas con la administración central. El temor a
que otras regiones optaran por seguir el ejemplo vasco
y se sumaran al carro estatutario, junto al
exacerbado, ridículo y caduco discurso de la derecha
más rancia de que España corría el riesgo de
disgregarse, dieron pie a los pactos uniformadores de
1981 y a la aplicación de la LOAPA, norma que, aunque
posteriormente certificada jurídicamente como
anticonstitucional, dejó un reguero de despropósitos
que todavía hoy se hacen sentir en el funcionamiento
de nuestras instituciones.
Todo ello, unido a dudosas interpretaciones en temas
de autogobierno provenientes del sector judicial que
tuvieron su punto álgido en la era Aznar y la
paralización del trasvase competencial por parte del
Estado, ha contribuido a fomentar en la sociedad vasca
un sentimiento generalizado de desaliento al observar
cómo la voluntad expresada en su día en las urnas ha
quedado, por intereses meramente partidistas de los
que poseen la capacidad de hacer efectiva una Ley
Orgánica como es el Estatuto de Gernika, mediante el
traspaso íntegro de las materias en él asumidas,
relegada al más profundo ostracismo, que los
rimbombantes discursos de antaño se han convertido en
frívolos cantos de sirena que ya nadie cree, que la
treintena larga de áreas que aún queda por transferir
no tiene por el momento visos de completarse. Y que la
maquinaria estatutaria, lejos de funcionar a pleno
rendimiento, comienza a deteriorarse, a renquear y
amenaza con detenerse de un momento a otro.
Veintiséis años después, los mensajes interpretativos
de lo que en su día se aprobó y de lo que realmente
hoy disfrutamos, no dejan de entrecruzarse. Como si
aún no se supiera a ciencia cierta qué, cómo y para
qué se promulgó el Estatuto. Como si la palabra de los
vascos fuera una cándida pelota con la que jugar
cuando no hay citas electorales a la vista, y a la que
mimar si la nariz aviesa de la oposición olfatea el
mínimo rastro del plexiglás de las urnas.
Así, en el perverso juego de demostrar quién es ahora
más papista que el Papa, deja ya de sorprendernos el
descarado travestismo de fuerzas per se
antiestatutarias como el PP, que en su día y bajo las
siglas de AP rechazó contundentemente el articulado
vasco y que hoy se erige en defensor acérrimo del
mismo, cuando hasta hace bien poco el gobierno de
Aznar, con el consiguiente apoyo de María San Gil y el
no menos denunciable silencio de los socialistas, no
hizo sino recortarlo, amoldarlo a sus exigencias y
mofarse de su contenido, y por ende de la voluntad de
los vascos.
O la perplejidad que asola al ciudadano al escuchar el
galimatías dialéctico del candidato a lehendakari del
PSE-EE, Patxi López, tratando de justificar por una
parte la decisión del Ejecutivo de Zapatero de no
transferir ciertas materias porque, a su entender y de
manera unilateral, éstas son consideradas sensibles,
porque su trasvase no procede en estos momentos o
porque no se encuentran maduras, mientras que por otra
aboga por desarrollar íntegramente el Estatuto.
¿No es acaso más inconstitucional que todo un gobierno
como el central, que dice amparar y defender la Carta
Magna, de todo un Estado como el español, que se
define a sí mismo de Derecho, incumpla sistemática y
durante veintiséis años una Ley Orgánica que emana
directamente de la propia Constitución, como es el
Estatuto de Gernika?
La pregunta queda en el aire y no estaría de más que
revoloteara sobre las cabezas de los "populares" y
socialistas que a buen seguro volverán a congregarse
este martes en las Juntas Generales de Gernika para
insistir de manera vehemente, aunque ya nadie les
crea, que el mismo Estatuto que ellos se encargan de
vulnerar continúa siendo la piedra angular con la que
regir la convivencia y el progreso de Euskadi.
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