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El engaño de los jefes paramilitare
Hace varios años la administración de Uribe Vélez anunció la reparación a
las víctimas como uno de los aciertos de la política de Justicia y Paz y
expresó que era su fundamento y lo más lúcido de su filosofía.
Para ponerla en ejecución, creó la Comisión Nacional de Reparación y
Conciliación, puso al frente de ella a Eduardo Pizarro Leóngómez y
argumentó
que **** primera vez en la historia de Colombia un proceso de esta
naturaleza
llegaría a feliz puerto, pues las víctimas serían beneficiadas con una
reparación material.
Hoy, habiendo transcurrido ya 33 meses desde ese entonces, lapso que
permite
mirar las cosas con sosiego y mejor horizonte, necesario es decir que tal
política no fue la solución que anunció el gobierno, que los jefes de las
Autodefensas se han burlado del país, del gobierno y que la
desmovilización
tiene más de discurso que de realidad palmaria. Es decir, muy buena parte
del proceso con los paramilitares está en crisis y no hay una respuesta
acertada de las cabezas del gobierno central ante tal estado de cosas.
A hoy, sólo 12 paramilitares han entregado bienes al fondo de reparación
de
las víctimas y los activos transferidos darían risa sino fueran prueba
plena
de un cinismo sin par.
Salvatore Mancuso, groseramente, entregó dos fincas que tienen suscritos
sendos contratos de arrendamiento vigentes hasta el año 2.032 y los
arrendatarios reclaman al Estado una millonaria indemnización. Lo peor,
los
contratos fueron suscritos después de haberse desmovilizado este jefe
paramilitar. "Macaco" entregó dos helicópteros no aptos para volar y que
no
son comercializables y un televisor de 29 pulgadas sin antena y sin
control
remoto, "Cuco" Vanoy entregó una finca en Zambrano (Bolívar) que ya estaba
en poder de la Oficina de Estupefacientes. Y eso son solo tres ejemplos de
tan cínico proceder.
Mientras ello ocurre, las víctimas no han tenido asistencia legal, ni
facilidades para denunciar, el 91% de ellas no tienen abogado, hay solo 23
fiscales para atenderlas, es decir, cada uno de tales funcionarios debe
atender a 3.001 de ellas. Panorama más amargo es difícil encontrar.
Y esa es solo parte de la realidad de la publicitada reparación material a
las víctimas de la violencia paramilitar.
Y decimos parte ****que han resurgido bandas de nuevos paramilitares que
intimidan a las víctimas y que han logrado impedir que ellas denuncien.
Así,
todo está rodeado de negros nubarrones.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Los crímenes atroces cometidos no se han esclarecido, si ello no ocurre no
podrán ser sancionados y si todo eso no se da, no habrá reparación. Es
decir, tal política atraviesa una honda crisis.
Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, los miembros de la
cúpula
paramilitar que se han sometido a la Ley de Justicia y Paz y gozan de sus
beneficios, continúan delinquiendo, o sea, traficando cocaína y amenazando
a
las víctimas de la tragedia.
¿Y en tanto qué hace el gobierno y el Comisionado de Paz para evitar que
tal
estado de cosas siga así? Nada que logre cambiar el rumbo de tan triste
espectáculo, hasta donde sepa la opinión pública.
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