Hasta que al mando està Alì Babà, no hay nada que hacer con los 40
ladrones.
S.F.
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Robo masivo de expedientes sobre víctimas de paramilitares en Colombia
El Informador mensajes@[EMAIL PROTECTED]
colombianas de derechos humanos denunciaron una sustracción
mayúscula de información sobre afectados por las autodefensas que buscan
una
reparación, el cual se añade a una ola de amenazas y a los ataques del
gobierno contra activistas que documentan esas agresiones.
Unos 1.000 expedientes fueron sustraídos desde febrero de tres
asociaciones
que integran la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
(IMP),
dijo este martes su directora, Patricia Buriticá, señalando que tras esos
episodios recrudecieron las intimidaciones contra las víctimas.
Los casos ocurrieron el 15 de febrero en Bucaramanga y el 20 de abril en
Valledupar, siendo hurtadas memorias portátiles y computadores con
nombres,
fotos, direcciones y números telefónicos del millar de personas
representadas por la IMP.
Un hecho similar se produjo el 23 de abril contra una entidad del
departamento de Antioquia, mientras que en noviembre la IMP reportó que
uno
de sus equipos jurídicos fue hostigado tras una audiencia de confesión del
ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar en Barranquilla.
A través de la IMP, víctimas de la ultraderecha buscan reparaciones por
asesinatos, desapariciones, desplazamientos y robo de tierras, cometidos
por
las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que desmovilizaron a 32.000
hombres en un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Como parte del diálogo, los responsables de crímenes de lesa humanidad se
comprometieron a confesar y reparar a las víctimas, a cambio de una pena
máxima de ocho años de prisión.
Según Buriticá, los ataques "proceden de quienes están en 'justicia y
paz'" -ley con que se juzga a esos paramilitares- y buscan "aterrorizar a
las víctimas para que desistan de sus reclamos y manipular la
información".
Los ataques no paran
"Siguen delinquiendo desde la cárcel y no se toman medidas, no hay
garantías
del Estado", añadió, evocando que las amenazas obligaron a seis víctimas a
salir de sus sitios de origen y dos fueron asesinadas en 2007.
La dirigente indicó que sus afiliados reciben llamadas en las que "les
dicen
qué deben denunciar y qué deben callar", y sostuvo que detrás estarían las
Aguilas Negras, un grupo paramilitar surgido tras el desarme de las Auc.
"También serían personas que temen ser involucradas con el
paramilitarismo",
dijo Iván Cepeda, líder de una asociación de víctimas de crímenes de
Estado
e hijo del senador comunista Manuel Cepeda, asesinado por la ultraderecha
en
1994.
El robo de información se suma a una ola de ataques contra defensores de
derechos humanos que incluye el asesinato de unos 24 sindicalistas este
año,
y que apunta a las Aguilas Negras.
Una de las entidades hostigadas es la Corporación Arco Iris, pionera en
las
denuncias sobre vínculos de políticos aliados de Uribe con paramilitares,
cuyos directivos fueron amenazados y les fue robado un computador.
A esta situación se añade una arremetida del gobierno contra activistas
humanitarios, en particular Cepeda, al que tildó en un comunicado de
"hostigador para que se violen" los derechos humanos, y el investigador de
la Fundación Arco Iris, León Valencia, a quien Uribe fustigó por su
antigua
militancia guerrillera.
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