España abogará ante la UE por suprimir de manera definitiva las
sanciones a Cuba
LUIS AYLLÓN. MADRID
El Gobierno español abogará el próximo mes de junio ante sus socios
europeos por suprimir, de manera definitiva, las medidas sancionadoras
impuestas en 2003 a Cuba tras la llamada «Primavera negra», en la que
fueron encarcelados 75 opositores al régimen. Las medidas, que incluían
la invitación a los disidentes a las fiestas nacionales de las embajadas
europeas y la limitación de las visitas oficiales a Cuba, fueron
suspendidas de manera temporal en 2005, también a instancias de España.
El futuro de las relaciones con Cuba flotará en el ambiente de la cumbre
UE-América Latina de la próxima semana en Lima, aunque no es un asunto
que esté en la agenda ni será el lugar para tomar decisiones. Además,
el
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, podría mantener
un contacto con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.
El año pasado, en el Consejo de Asuntos Generales del mes de junio, el
Ejecutivo español intentó ya que se pusiera fin a las medidas, pero no
consiguió convencer a todos los países europeos de que se unieran a su
idea. Lo que sí logró fue que en el texto aprobado por los ministros de
Asuntos Exteriores no se hiciera mención, por vez primera, a la
«posición común» europea adoptada en 1996. En esa «posición común»
se
reclama a Cuba que fomente un proceso de transición democrática hacia la
democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y una «recuperación económica sostenible» y
se
insta al diálogo entre las autoridades y todos los sectores de la
sociedad cubana.
Una señal
Esa ausencia de referencia a la «posición común» europea fue una
señal
que los Veinticinco decidieron lanzar a las autoridades cubanas, a las
que invitaron a establecer un diálogo con la Unión Europea
desplazándose
a Bruselas.
Pese a su afán por abrir las puertas europeas al régimen cubano, el
Gobierno español se dio un plazo de un año para ver la evolución de la
situación en Cuba, con la idea de que si después de ese tiempo no se
habían registrado resultados concretos o se había producido un deterioro
del respeto de los derechos humanos, se deberían adoptar nuevas medidas
en relación con el régimen.
Ahora, el Gobierno estima que la evolución ha sido positiva y valora las
medidas adoptadas en los últimos meses por Raúl Castro permitiendo, al
menos en teoría, el acceso de los cubanos a algunos bienes y servicios
que hasta entonces les estaban vedados (ordenadores, teléfonos móviles,
hoteles...). Además, piensa que ha habido buenos resultados de las
reuniones del mecanismo de diálogo sobre derechos humanos puesto en
marcha por España con Cuba, tras la visita del ministro a la isla en
abril de 2007. Entre ellos, se cita que Cuba ha firmado ya varios
convenios internacionales sobre derechos humanos y que cuatro presos
políticos con problemas de salud han sido excarcelados, aunque la
realidad es que fueron expulsados a España.
Las autoridades españolas son conscientes de que estos hechos no
significan unos cambios espectaculares y que queda mucho por hacer,
entre otras cosas, la liberación de todos los presos de conciencia, y,
en el caso particular de España, la devolución del Centro Cultural
español del que se incautó el régimen castrista en septiembre de 2003.
De todos modos, a pesar de ello, se apostará por ofrecer una nueva señal
a Raúl Castro suprimiendo definitivamente las medidas de 2003, que es
precisamente algo que viene demandando el régimen castrista desde hace
tiempo para poner en marcha el diálogo con la UE, y que repudian los
disidentes del interior de la isla.
En junio
La propuesta española se verá, previsiblemente, en primer lugar en
alguna de las reuniones del Consejo Europeo para América Latina (Colat)
o en el Comité de Política y Seguridad de la UE (Cops) que se
celebrarán
en el mes de junio, antes del Consejo de Asuntos Generales que debe
estudiar si se revisa la «posición común» europea. En cuanto a abogar
por un cambio en esa posición, el Gobierno español no tiene aún tomada
una decisión definitiva, entre otras razones porque se ve difícil lograr
unanimidad para ello.
http://www.abc.es/20080510/nacional-nacional/espana-abogara-ante-suprimir_200805100252.html
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