25 Mayo 2008, 8:38 PM
Todavía mitad funcionarios no ha declarado sus bienes
MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
m.isa@[EMAIL PROTECTED]
reclamos de la opinión pública y las tímidas exhortaciones de
funcionarios del área judicial no han servido de nada. A casi cuatro
meses de terminar el cuatrienio del Presidente Leonel Fernández, unos
1,500 servidores del Estado obligados **** ley a presentar sus
declaraciones de bienes no lo han hecho.
La obligación legal ha sido desacatada ****, exactamente, 49 diputados,
138 síndicos, 973 regidores y más de un centenar de tesoreros
municipales. En la administración pública, 2, 982 servidores del Estado
están obligados a presentar declaraciones de bienes al inicio de su
gestión, pero sólo la mitad, aproximadamente, lo ha hecho. Los
inventarios de bienes se depositan en la Tesorería Nacional.
Tres años y ocho meses después de vencerse el plazo, unos trescientos
funcionarios adscritos al Poder Ejecutivo no han presentado su
Declaración Jurada de Bienes (DJB), desacato en el que también incurren
49 diputados, 138 síndicos, 973 regidores y más de un centenar de
tesoreros municipales.
En total alrededor de 1,500 funcionarios del Estado, un 50% de los
2,983 que deben ***plir con ese mandato legal, los que violan la Ley
82-79 que obliga a depositar en la Tesorería Nacional un inventario de
su patrimonio al inicio y cese de una gestión pública, una legislación
sistemática, masiva e impunemente infringida **** ejecutivos de
instituciones autónomas y descentralizadas, legisladores, ediles y
gobernadores provinciales.
Con el requisito legal ***plieron los 32 senadores, también los 16
jueces de la Suprema Corte de Justicia, regidos **** la Ley 327-98. En
cambio, sólo hicieron sus DJB cinco miembros de la Junta Central
Electoral y tres de la Cámara de Cuentas.
La impunidad estimula la reincidencia. Ninguna penalidad se aplica a
quienes violan la Ley 82. No hay sanciones penales. Y no sólo ****que esa
legislación no las contemple, sino ****que ese legajo de cifras de las
DJB, fidedignas unas, adulteradas otras, están destinadas al encierro en
una bóveda sin fines ni propósitos, sin que se verifiquen ni sirvan para
ponerle nombre y apellidos a la corrupción administrativa, determinar
cómo ha variado el patrimonio de un funcionario a su paso **** un cargo
público.
El último sondeo conocido es el que hace más de un año hizo una
consultora internacional patrocinada **** la Agencia para el Desarrollo
Internacional, de Estados Unidos, que analizó diez declaraciones
escogidas al azar del banco de datos y comprobó que casi todas estaban
avaladas **** informaciones que no se correspondían con la realidad.
En la ocasión, el director del Departamento de Prevención de la
Corrupción Administrativa, Octavio Líster, dijo que “algunas de las
fallas se produjeron **** error en los valores contables que pueden ser
corregidos, ya que se hicieron declaraciones en impuestos internos muy
**** debajo de las normas establecidas”.
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