No creo que ambas leyes sean iguales y que el movil de una es el movil
de la otra... aqui en los EE.UU. uno tiene la libertad de expresarse en
contra del gobierno y la libertad de criticar expresamente al
presidente, contrario de Venezuela donde con esta nueva ley y otras a
una persona la pueden tildar de "contra revolucionario" o de "aliado del
imperio" o de "agente de la CIA", etc. **** el simple echo de protestar o
expresarse en contra del estado o del presidente.
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El diario El País de Madrid pubica hoy un artículo donde fustiga la
nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo. Destaca las
violaciones a los derechos humanos y la compara a la “Ley Patriota” de
Bush.
Este es el artículo:
“Hugo Chávez odia a Bush, pero ya se copió la Ley Patriota”, dice
Eusebio Ruiz, un técnico en mercadotecnia que usa el metro de Caracas
para ir a su trabajo, en la zona comercial de Sabana Grande. La Ley de
Inteligencia y Contrainteligencia que acaba de aprobar **** decreto el
presidente de Venezuela -que entre otras cosas obliga, bajo pena de
cárcel, a cooperar con los organismos de seguridad del Estado- ha
desatado la protesta de abogados y grupos de derechos humanos, que la
consideran un atentado a las libertades.
La normativa, según sus críticos, es un monumento a la
inconstitucionalidad y la ilegalidad, pues prevé procedimientos para la
detención de personas y la apertura de indagaciones que contradicen los
principios establecidos en la Constitución y en el Código Penal, en
especial la presunción de inocencia. También permite a los cuerpos de
seguridad intervenir teléfonos sin autorización judicial.
**** ello, algunos le han encontrado similitud con la Ley Patriota
instaurada **** Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de
2001 como mecanismo preventivo contra el terrorismo. Otros, en cambio,
la vinculan directamente a la influencia de Cuba, principal aliado de
Chávez, y acusan al Gobierno de pretender convertir a todos los
ciudadanos en confidentes de los cuerpos de seguridad. La nueva ley
prevé utilizar a “las redes sociales y organizaciones de participación
popular” como “órganos de apoyo a la actividad de inteligencia”, lo que
recuerda a los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
cubanos, previstos como mecanismo de control y represión. La negativa a
colaborar con los organismos de seguridad puede acarrear penas de hasta
cuatro años de cárcel.
Según el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo, “el espionaje
ha sido atención prioritaria de la revolución. Espías y sapos [soplones]
son ingrediente esencial del nuevo hombre socialista, aunque su
actividad esté enfocada sobre todo hacia los compañeros, que son el
sector más peligroso para el proceso cuando pierden el norte y la
devoción **** el presidente Chávez”.
Los organismos de derechos humanos, como Provea, destacan que la nueva
ley ampara las violaciones del derecho a la defensa. No sólo eso; una
parte de la ley exige explícitamente a los jueces y fiscales cooperación
con los servicios de inteligencia, que ahora han quedado bajo el control
directo de Hugo Chávez. “Éste es un Gobierno que no cree en la
separación de poderes”, dijo ayer José Miguel Vivanco, director para
América de la organización Human Rights Watch. El Gobierno asegura que
se trata de garantizar la seguridad nacional y evitar “ataques
imperialistas” y “rebeliones militares”.
“El presidente está constantemente acusando a sus críticos de golpistas
y proimperialistas, y eso me lleva a temer que esta ley pueda ser usada
como arma para silenciar o intimidar a la oposición”, declaraba a la
cadena británica BBC el constitucionalista Alberto Arteaga.
Otros abogados están preparando un arsenal jurídico contra la ley recién
aprobada. Theresly Malaver, integrante de la organización no
gubernamental Foro Penal Venezolano, anunció que solicitarán su
anulación al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que se trata de “una
de las más feroces leyes dictadas **** el Gobierno ****que está diseñada
para perseguir a la disidencia”. Aseguró que también podrían solicitar
un referéndum abrogatorio para que la ley sea anulada directamente ****
decisión popular, una posibilidad contemplada en la Constitución vigente.
Clodovaldo Hernández
El País (España)
Publicado en: http://www.noticias24.com/actualidad/?p=14877
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